Nota pública de miembros de 14 países de la Red Eclesial Panamazónica sobre la violencia ambiental en el Municipio de Buriticupú y región, estado de Maranhão, Brasil
Durante todo el año 2015, una ola de violencia y destrucción fuera de control parece irradiarse del municipio de Buriticupú, en el norte de Brasil. El centro neurálgico de la actividad maderera en Maranhão, que ya devastó prácticamente todo el territorio del municipio, continúa operante y en expansión hacia los municipios vecinos. Como las áreas dedicadas a la agropecuaria ya no poseen maderas de alto valor económico, el foco de sus atenciones ahora son las unidades de conservación y las tierras indígenas.
Para esto, la situación geográfica de Buriticupú es privilegiada. Los más de 20 aserraderos allí instalados buscan madera en la Reserva Biológica de Gurupí y en las Tierras Indígenas Arariboia, Caru y Awá, todas en un radio de menos de 150 Km.
La actuación del Estado brasileño frente a esta situación ha sido siempre fragmentada e incoherente. Al nivel federal, IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente) e ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservación) han conducido operaciones puntuales de combate a la retirada ilegal de madera. Las de más estruendo con fuerte aparato de seguridad, incluso con la presencia contundente del ejército brasileño, hicieron aprehensión de equipamientos usados para derribar y transportar los árboles.
Sin embargo, nada se hace para afectar al motor económico de esa organización criminal: los aserraderos, que continúan en pleno funcionamiento y facturando todos los días decenas de tráileres cargados de madera extraída ilegalmente. Esas acciones de represión puntual no resuelven el problema y sirven para potenciar la rabia de los madereros, poniendo en peligro a quienes defienden la Reserva, sean estos campesinos, ambientalistas o funcionarios públicos.
Por otra parte, el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) nada hace para que se cumpla la ley. Ni proporciona tierras adecuadas en otros lugares para que los pequeños campesinos no necesiten vivir en la Reserva, ni revela la falsedad de los títulos de tierras que los grandes propietarios ostentan, compran y venden como si fuesen válidos.
El Estado de Maranhão, siempre escudado en el argumento de que las áreas en conflicto son de competencia federal, también mantiene una actitud doble. Si por un lado la Secretaría de Derechos Humanos muestra preocupación con la situación de violencia y dice estar en busca de alternativas económicas para la extracción ilegal de madera, la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) licenció, solamente en 2015, siete aserraderos en el municipio de Buriticupú, incluso sin que existan áreas con plan de manejo forestal suficientes para justificar ni una ínfima parte de la madera comercializada.
La situación de violencia llegó al extremo en el territorio de la Reserva Biológica de Gurupí (ReBio), con el asesinato el 25 de agosto de 2015 de Raimundo dos Santos, presidente de la Asociación de los Pequeños Productores Rurales de la comunidad Brejinho Rio das Onças II. Raimundo fue cobardemente asesinado con diversos tiros y golpes de machete. Meses antes había registrado denuncia ante la policía civil por amenazas. Su esposa, Maria da Conceição, también fue herida con diversos tiros, presenció la muerte de su compañero, pero consiguió escapar, gravemente herida. Ella permaneció internada por casi dos semanas en el Hospital Municipal de Açailândia, bajo escolta policial.
En la Tierra Indígena Arariboia la estrategia de los madereros fue plantar fuego en la selva para impedir que los indios Guajajara se organicen en brigadas para combatir la deforestación. Un grupo aislado de cerca de 80 indígenas Awá Guajá quedó totalmente rodeado por las llamas. Cuando los equipos del IBAMA llegaron para ayudar a controlar el fuego, madereros armados los recibieron a tiros. Otras áreas indígenas de la región continúan siendo pretendidas e invadidas por los madereros: Alto Turiaçu (mayor área indígena de Maranhão), Bacurizinho y Guajajara-Canabrava.
Los episodios cada vez más frecuentes de enfrentamientos armados con equipos de vigilancia, el espionaje y monitoramiento a que son sometidos los equipos de los órganos ambientales, las constantes filtraciones de la fecha y planes de las operaciones de combate a la deforestación y los recientes asesinatos de líderes campesinos y ambientalistas, nos permiten afirmar que los madereros (principalmente los afincados en Buriticupú) forman una extensa organización criminal, con ramificaciones en varios municipios y agentes infiltrados en varios órganos públicos (como ya quedó demostrado en algunas operaciones policiales), que mantienen milicias fuertemente armadas y dispuestas a disparar a quien ose enfrentar el imperio de la ley de la fuerza, que es la que actualmente manda en esta parte del Brasil.
El Estado brasileño perdió totalmente el control de este territorio, hasta el punto de no conseguir ya ni entrar en determinadas áreas bajo control de estos grupos armados. Mientras tanto, los criminales, con el apoyo de algunos parlamentarios de todos los niveles de gobierno y de muchos alcaldes de los municipios afectados, continúan haciéndose cada vez más fuertes y dueños de la situación.
El constante tráfico de camiones cargados con troncos de árboles centenarios, arrancados de los últimos remanentes de la selva amazónica de Maranhão, continúan siendo el paisaje urbano más frecuente en Buriticupú.
Las entidades abajo firmantes, uniéndose al clamor de las comunidades afectadas[1], lanzan una petición urgente a todas las instituciones que pueden y deben intervenir para interrumpir esta tragedia y evitar la muerte de la selva de Maranhão y de las comunidades que viven en ella y con ella.
Es urgente un plan articulado, permanente y eficaz de clausura de los aserraderos ilegales de la región y del transporte de madera, así como una inversión consistente en alternativas productivas, de manejo y protección forestal. El Estado, los movimientos sociales, las iglesias y la sociedad civil organizada como un todo necesitan aliarse en esa tarea conjunta en defensa del futuro.
La hermana Dorothy Stang decía: “La muerte de la selva es la muerte de todos nosotros”. La hermana murió por esa causa, para que la vida nunca más fuese exterminada en la Amazonía.
Firman de Brasil, Colombia, Perú, Guayana, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, México, España, Inglaterra, EEUU, Canadá, Ciudad del Vaticano, el 20 de noviembre de 2015:
Dom Leonardo Ulrich Steiner; Secretário Geral da CNBB, Brasília
Dom Belisário da Silva; Presidente Regional Nordeste 5 CNBB, Maranhão
Dom Mário Antônio da Silva; Presidente Regional Norte 1 CNBB, Manaus
Dom Bernardo Johannes; Presidente Regional Norte 2 CNBB, Pará
Dom Philip Dickmans; Presidente Regional Norte 3 CNBB, Tocantins
Dom Neri José Tondello; Presidente Regional Oeste 2 CNBB, Mato Grosso
Dom Roque Paloschi; Bispo de Porto Velho – RO e Presidente do CIMI
Dom Wilmar Santin. Bispo de Itaituba – PA
Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro; Presidente de Conferencia de Religiosos de Brasil
Ir. Irene Lopes; Secretaria Executiva da Comissão Amazônia da CNBB
Ir. Ildes Lobo; Irmãs de Santa Doroteia – Manaus
Ir. Joao Gutemberg; Maristas en la Amazonía – Manaus
Armindo Goes Melo. Yanomami. Director de Hutukara – RR
Raimunda Paixao; Equipe Itinerante missionária – Manaus
Ir. Arizete Miranda; AM
Izalene Tiene; Comité Ejecutivo Ampliado REPAM – AM
Chico Loebens; Comité Ejecutivo Ampliado REPAM – AM
Hno. Darwin Orozco; Capuchinos en la Amazonía – AM
Ir. Julio Caldeira; Consolatos en la Amazonía
Dário Bossi; Missionários Combonianos – Maranhão
Vanthuy Neto; Comité Ejecutivo Ampliado REPAM – AM
Mons. Pedro Barreto; Arzobispo de Huancayo – Perú
Mons. Oscar Urbina; Arzobispo de Villavicencio, Vicepresidente de la Conferencia Episcopal – Colombia
Mons. Walter Heras; Presidente Pastoral Social Caritas – Ecuador
Mons. Rafael Cob; Obispo delegado por la Amazonía de Ecuador
Rafael González Ponce; Presidente/a de Conferencia de Religiosos de Ecuador
Mons. Eugenio Coter; Obispo delegado por la Amazonía de Bolivia
Mons. Julio Parrilla; Obispo vice-presidente de Cáritas de Ecuador
Mons. Omar de Jesús Mejía Giraldo ; Obispo delegado por la Amazonía de Colombia
Mons. José de Jesús Quintero Díaz; Obispo delegado por la Amazonía de Colombia
Mons. Figueroa; Obispo delegado por la Amazonía de Colombia
Mons. David Martínez. Obispo de Puerto Maldonado – Perú
Gloria Luz Patiño; Presidente/a de Conferencia de Religiosos de Perú
Paul Martin, sj; Delegado por Obispo de Guyana
Jaime Campos, OFM; Chile
Alfonso López Tejada. Líder Kukama. Perú;
Elvy Monsanto; Departamento de Justicia y Solidaridad, CELAM – Colombia
Hugo Ramírez; ALER – Perú
Asunta Montoya; SIGNIS – Ecuador
Mauricio López; Comité Ejecutivo REPAM. Secretario Ejecutivo – Ecuador
Luis Enrique Pinilla; Comité Ejecutivo REPAM. DEJUSOL – Colombia
Pedro Sánchez; Comité Ejecutivo Ampliado REPAM – Equador
Alfredo Ferro; Comité Ejecutivo REPAM – Colombia
Daniela Andrade; Comité Ejecutivo Ampliado REPAM – Ecuador
Adda Chuecas; Comité Ejecutivo Ampliado REPAM – Perú
Humberto Ortiz; Comité Ejecutivo Ampliado REPAM – Perú
Romina Gallegos; Red Amazónica Ecuador
Augusto Zampini. Asesor Teológico; Argentina
Ana Cristina García; Cáritas Española
Clare Dixon. CAFOD; Inglaterra
Thomas Hollywood. CRS; Estados Unidos de América
Anne Catherine Kennedy – DP – Canadá
Cristiane Murray; Radio Vaticana
Hermana Mercedes Casas; Presidente de la Conferencia Latino-Americana de Religiosas y religiosos (CLAR) – México
Luz Marina Valencia; Secretario Ejecutivo de la CLAR
[1] Vean, por ejemplo, las desesperadas apelaciones de los Guajajara en Brasilia y la campaña de Greenpeace denunciando el incendio de la T.I. Arariboia:
http://www.greenpeace-comunicacao.org.br/email/cyberativismo/2015-10-28m.html
